(6) La destrucción del Estado de Derecho por la izquierda. Allende y la Unidad Popular (por Jan Doxrud)
En el gobierno de la Unidad Popular la acción del Presidente de la República y la de los partidos y movimientos que lo formaban sería coordinada a través de un Comité político integrado por todas estas fuerzas. El Comité operaba de acuerdo con las orientaciones generales definidas por el programa común y consideraba, junto con el Presidente de la República, su ejecución, la operatividad de los planes de gobierno y en especial la marcha en la aplicación de las medidas económicas, sociales, de orden público y de política internacional, así como la de racionalización, desburocratización y eficiencia de los servicios del Estado.
Los partidos que conformaban la UP no reconocían al Presidente Allende, como comenta Jorge Rodríguez Elizondo, un espacio de autonomía conceptual, prefiriendo tenerlo bajo su control cercano, renunciando así a la tradicional fuerza suprapartidista del Presidente de la República. Boeninger añade que esta estructura entrabó y desprestigió la administración de Allende, socavando su autoridad y capacidad de maniobra. A esto añade Boeninger que el Partido Socialista, en el Pleno Nacional, aprobó la resolución que afirmaba que los cargos que correspondieran al partido serían ocupados por militantes activos y que la proposición para su designación sería atribución del Comité Central, y en donde el Presidente podría solo hacer sugerencias al Comité. Las relaciones con el PS no fueron mejores con la elección del representante de la corriente más radical, Carlos Altamirano, como Secretario General en el Congreso de La Serena (1971)
Allende y la Unidad Popular se embarcaron en un proyecto refundacional que tenía como objetivo apoderarse del poder total e implementar la ilusa idea de que el socialismo ( socialización, mejor dicho estatización, de todos los medios de producción y la imposición del igualitarismo por medio de la coacción) podía ser implantado dentro de la legalidad burguesa. Su carta de presentación era la “vía chilena al socialismo”.Como señaló Allende (5 de noviembre de 1970), la “vía chilena” era un proyecto político para acceder al socialismo dentro de los marcos de sufragio, el uso de la institucionalidad vigente y en democracia, pluralismo y libertad. Tenemos pues, y como explican Tomás Moulián y Manuel Antonio Garretón [1], que existe un definición negativa y positiva de la vía chilena. La negativa nos señala que la “vía chilena” es aquella que no sigue los caminos tradicionales de los demás procesos socialistas, puesto que no postula el uso de la violencia revolucionaria como medio para romper la institucionalidad vigente y acceder al poder.
En lo que respecta a la definición positiva, esto es, lo que la “vía chilena” es, se deben considerar cinco aspectos. En primer lugar, el rol de la institucionalidad y su uso para llevar a cabo el proceso de transformación integral del país para transitar hacia el socialismo. En segundo lugar está el papel del movimiento popular, que no quedaba reducido a los partidos políticos, adherentes a la UP o al proletariado urbano y rural. El movimiento popular debía representar una amplia alianza de clases que incluyera especialmente a las clases medias y excluyera al enemigo de clase a saber: la burguesía monopólica y agraria. En tercer lugar tenemos las tareas programáticas de la UP. En cuarto lugar se encontraba el tema de las libertades públicas y el sistema de expresión política. Por último, el rol de la violencia y las FF.AA, en donde la primera quedaba excluida como forma de acceder al poder y las segundas debían ser estrictamente autónomas y apolíticas (en consonancia con la denominada doctrina Schneider).
Allende violaba un dogma esencial del marxismo-leninismo: la Dictadura del Proletariado. Allende fue lo suficientemente ingenuo para creer que podría transitar al socialismo por la vía democrática sin necesidad de la mediación de la violencia y el sometimiento violento de la población. Fue esta propuesta la que generó el rechazo de la izquierda radical. Incluso no era del agrado del Partido Comunista, tal como señala Boeninger:
“El Partido Comunista no compartió el concepto de la vía chilena al socialismo; en ningún momento abandona la tesis de la dictadura del proletariado como fase necesaria del proceso revolucionario”[2].
Añade el mismo autor:
“La diferencia entre el Partido Comunista y la ultraizquierda (PS-MIR-MAPU-IC) es de método, táctica. Los comunistas imaginaban la construcción del socialismo como tránsito dentro de un proceso de larga duración que se desarrolla, incluso, en varios gobiernos sucesivos y logra el copamiento progresivo del Poder”[3].
Luis Corvalán (1916-2010), Secretario General del Partido comunista entre 1958 y 1990, señalaba años más tarde:
“No compartíamos (el criterio de Allende) según el cual nuestra vía revolucionaria constituiría un segundo modelo de realización del socialismo excluyendo o haciendo innecesaria la Dictadura del Proletariado en una determinada etapa del período de transición”[4].
Como comenta Tomás Moulián, entre los partido significativos que conformaban la UP existían matices a la hora de definir la trayectoria concreta de esta forma nueva de realizar el socialismo. A esto añade:
“Los comunistas se imaginaban (…) un tránsito gradual, lento, un proceso de larga duración, con varios gobiernos sucesivos y copamiento progresivo del poder. Al contrario, algunos sectores socialistas hacían suya la divisa de que era necesario un rápido tránsito del capitalismo al socialismo, lo cual era presentado como gran lección de Cuba”[5].
Pero, por otro lado, despertó fascinación y apoyo en otras partes del mundo. Ahora bien, no hay que equivocarse, como señala Boeninger, la “via chilena” no era una formulación socialdemócrata de estilo europeo que tenía como objetivo humanizar el capitalismo dotándolo de un rostro más igualitario y compromiso con los más desfavorecidos. Todo esto es surrealista, es decir, se quería una dictadura (socialismo real) por medio de una vía pacífica y que tuviese en consideración la realidad chilena. Quizás Allende pensaba que era cosa de tiempo que los chilenos votaran para que expropiaran todas las empresas, se estatizara la educación (lo intentó con la ENU) se instaurara un sistema de planificación central, se estatizara la banca ( como se hizo) y se impusiera una ideología oficial y se barriera con cualquier creencia que contradijera a la ideología oficial. En suma la “Vía chilena al socialismo” y una contradicción en términos que ni siquiera era aceptada al interior de la Unidad Popular. Boeninger cita las palabras de José Rodríguez Elizondo, quienes explicaba que para el Partido Comunista resultó imposible armonizar las leyes generales de la revolución marxista-leninista con el proyecto político de Allende y la Unidad popular del que era parte.
Uno de los personajes más nefastos, así como el peor Ministro de Economía de Chile y, de acuerdo con Orlando Sáenz (presidente de la SOFOFA), el hombre más peligroso junto a Miguel Enríquez, fue Pedro Vuskovic (1924-1993). Digamos que a Vuskovic poco le importaba la economía y los principios económicos básicos, puesto que su única preocupación era una: expande el poder de la UP Sáenz añade que llegó a ser, hasta su caída producto de la insostenible crisis económica, más importante que el propio Salvador Allende. Él fue el responsable de diseñar e implementar el programa de una transición económica del capitalismo hacia el socialismo, por medio de un verdadera revolución en la infraestructura económica. Pero lo que obstaculizaba esta transición era la “legalidad burguesa”,
El problema con esta idea de servirse de la legalidad burguesa para conquistar progresivamente el poder para así transitar hacia el socialismo, es que existían obstáculos importantes. En primer lugar, Allende no contaba con mayoría ciudadana y no contaba con el apoyo parlamentario y, con el tiempo, se enfrentaría con el Congreso, a la Contraloría y al Poder Judicial. Como bien señala Boeninger, la UP y Allende se habían comprometido a respetar las libertades básicas y el Estado de Derecho, de manera que, a falta de mayoría parlamentaria y de poder llegar a acuerdos con la DC, el gobierno de la UP quedaba reducido a lo que pudiera lograr a través de la facultades del poder Poder Ejecutivo, comenta Boeninger. Y fue ese el camino escogido por el gobierno: el enfrentamiento.
Allende encomendó la tarea de buscar formas de implementar los cambios sin alterar la legalidad “burguesa” a Eduardo Novoa Monreal, presidente del Consejo de Defensa del Estado y asesor jurídico. Es así como nace la idea de implementar los cambio por medio del uso de “preceptos olvidados” que autorizarían la política de nacionalizaciones. Como explica Augusto Salinas, durante la brevísima República Socialista de 1932, se dictó un conjunto de decretos que beneficiaban a las clases populares. Así, Allende utilizó estos decretos dictados bajo un gobierno “de facto” (sin reconocimiento jurídico) y no “de iure” como lo fue la República Socialista. Recordemos que esta República Socialista nació producto de un golpe de Estado pacífico que derrocó a Juan Esteban Montero. Fue Marmaduke Grove el hombre fuerte que se dejó influenciar por las ideas socialistas, aunque, como señala Felipe Portales, tomó distancia de ideas medulares del marxismo como la separación tajante entre burguesía y proletariado, así como el desprecio Asia las clases medias. Como señala el mismo Portales, si bien la República Socialista duró sólo 12 días, esta tuvo importantes repercusiones:
" (...) aquel gobierno tuvo una gran importancia para las décadas posteriores de nuestro país. Tanto porque acentuó la connotación autoritaria del socialismo chileno, como sobre todo, porque incrementó el temor social de los sectores medios y altos a una revolución popular y dejó, por primera vez en la historia - y por varios años - una inquietante duda respecto de la confiabilidad de la oficialidad de las fuerzas armadas chilenas" (Los mitos de la democracia chilena, Vol. II, p.179)
Regresando al tema de los resquicios legales, tenemos el Decreto Ley Nº 520 del 30 de agosto de 1932 que facultaba al Poder Ejecutivo para expropiar industrias y empresas de acuerdo a las siguientes causales:
1) Paralización de las actividades propias de una industria.
2) El no cumplimiento por parte del productor de la obligación de producir o elaborar artículos de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones que determinara el Presidente de la República.
3) Negativa por parte de un empresario a mantener un ritmo normal de producción.
4) Por el mantenimiento, por parte del productor o distribuidor, de stocks ocultos de artículos de primera necesidad.
5) Por especular con los precios de artículos de primera necesidad.
Como bien observa Boeninger, el resultado fue que la legalidad se fue “politizando, perdiendo su legitimidad basada en su majestad formal de cuerpo normativo de objetividad no discutida”. En segundo lugar, Boeninger explica que el respeto del Estado de Derecho significaba mantener el orden público, prohibir y castigar conductas extralegales. El problema es que esto constituía un problema para el gobierno de la UP, puesto que significaría reprimir a aquellos movimientos sociales y agitaciones callejeras que tenían como objetivo hacer cumplir el programa de gobierno (para qué hablar de poner límites a las acciones de la ultraizquierda). Al respecto comenta Boeninger:
“Por todas estas circunstancias el gobierno de Allende no pudo impedir que se fuera produciendo cada vez más acentuadamente un clima de indisciplina social e inseguridad ciudadana con la consiguiente percepción de que el Estado de Derecho se estaba desmoronando”[6].
La Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor (8 de noviembre de 1973)
En suma, tal como afirmó Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, Presidente de la Asociación Mundial de la Democracia Cristiana, en donde señala, sin eufemismos, que la responsabilidad íntegra de lo acontecido en Chile y que llevó al golpe de las FFAA correspondió al régimen de la Unidad Popular. Explica que la UP fue un régimen que fue siempre minoría, no sólo en el parlamente sino que en los municipios, en las organizaciones vecinales, campesinas e incluso lo estaban llegando a ser en sindicatos mineros e industriales. Igualmente fueron derrotados, salvo un sólo caso, en las organizaciones universitarias. No obstante lo anterior, el gobierno siempre operó por medio de la violencia, por ejemplo, cuando perdían alguna elección sindical, campesina o universitaria, optaban por no reconocer la derrota creando organizaciones paralelas que fueran fieles al gobierno. Incluso llegaron a plantear el establecimiento de la, ya mencionada, Asamblea Popular, así como la creación de Tribunales Populares. Añade Frei los constantes choque del Gobierno con el Parlamento y la Contraloría General de la República, así como la negativa de Allende de promulgar dos reformas constitucionales aprobadas en el Congreso. Incluso Allende apeló al Tribunal Constitucional, el cual le dio la razón al Congreso.
Recuerda Frei que, cuando ganó las elecciones con un 57% (no 36%) el Partido Socialista bajo el mando de allende se negó a reconocer el triunfo y se negaron a concurrir para la proclamación en el Congreso Pleno. Incluso anunciaron que le negarían al gobierno la“sal y el agua”. Para justificar esto recurrían a la clásica retórica marxista-leninista, denunciando que el orden legal y democrático era uno de orden “burgués”. Dentro de ese clima de anormalidad política, se sumaron las voces críticas del Colegio de Abogados, Colegio Médico (Allende había sido presidente de éste), Colegio de Ingenieros, así como personas de izquierda como fue el caso del Partido Radical de Izquierda. Un punto importante fue el llamado del Secretario General del Partido Socialista, Carlos Altamirano, a que los soldados y marineros se rebelaran y no obedecieran a sus superiores. En lo que respecta a la Via Chilena al Socialismo, esta constituía una mera terminología engañosa en el sentido de que el objetivo era siempre el mismo, el totalitarismo socialista, y las diferenciad estaban en el “cómo” en la táctica para hacerlo. En esto tenemos a los moderados como el Partido Comunista y Allende, y los exaltados como Altamirano del PS, Miguel Enriquez, del MIR u Óscar Guillermo Garretón, del MAPU.
En palabras de Frei:
El Presidente de la República declaraba respetar la ley, la Constitución y la democracia, pero todas sus declaraciones eran de inmediato contradichas por los hechos, ya que todos los compromisos fueron violados y todas las afirmaciones desmentidas posteriormente por sus actos.
Otra denuncia que realiza Frei es sobre la presencia de movimientos subversivos latinoamericanos que convergieron en Chile como tupamaros y otros grupos subversivos de Brasil, Bolivia y Venezuela. Denuncia que la embajada de Cuba se había transformado en un ministerio con un personal superior al del Ministerio de RREE de Chile en 1970. También trae a la palestra las denuncias realizadas por la DC en el Parlamento por la entrada ilegal de armas de procedencia checas o rusas, como fueron descubiertas posteriormente. A esto añade los subterfugios o argumentos que la Unidad Popular utilizó para explicar su fracaso económico. En primer lugar estaría el embargo por parte de una compañías específica de cobre extranjera, pero que resultaba ser insignificante y que no fue acogida por los tribunales franceses.
En segundo lugar está el bloqueo, esto es, Chile no podía vender al extranjero, lo cual era falso, o que no tenía acceso a crédito externo, también falso. En palabras de Frei: “(…) con cifras dadas por el propio Gobierno anterior ( el de la UP) ante el Club de París, el Fondo Monetario y otros organismos se prueba que el Gobierno de la Unidad Popular dispuso de más créditos y endeudó al país más que ningún otro en la historia de Chile en tan breve plazo”. Quizás el aspecto más grave de la carta es cuando Frei afirma que el PC y el PS habían creado organizaciones armadas (lo cual no era algo novedoso) como la Brigada Ramona Parra (PC) y Elmo Catalán (PS), así como también lo cordones industriales ubicados estratégicamente en las ciudades. Emblemático fue el indulto, por parte de Allende, de los tres asesinos de Edmundo Pérez Zújovic, a quienes tildó de “jóvenes idealistas”
[1]Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile.
[2]Ibid., 187.
[3]Ibid.
[4]Augusto Salinas, La ciencia bajo fuego. Investigación científica, Universidad y poder político en Chile, 1967-1973, p.163
[5]Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, p. 206.
[6]Ibid., 191.