(2) La destrucción del Estado de Derecho por la izquierda en Chile ,1969-1973 (por Jan Doxrud)
Cabe aclarar que el hecho de destacar la importante responsabilidad de la izquierda en la polarización ideológica dentro del país, así como en sembrar la violencia y minar el Estado de Derecho, no constituye una justificación de las posteriores violaciones a los DDHH por la dictadura militar, es importante separar esto.
Lamentablemente existen personas que, por razones ideológicas, adoptan posturas reprochables. Algunos justifican o relativizan las desapariciones, torturas y muertes, mientras que otros dirán que todo aquello es mera propaganda que pretende manchar la imagen del régimen militar. Pienso que es un error adoptar tal postura.Resulta irrelevante si las víctimas eran parte de una ideología con las cuales yo, personalmente, no comparto nada en absoluto. ¿Cuál es el sentido de criticar, por ejemplo, al comunismo como sistema represivo si se lo combate por los mismos medios ?
Al operar bajo esa lógica de exterminio implacable, ¿en qué se diferenció la dictadura militar de su tan temido enemigo al que combatió sin misericordia: el marxismo - leninismo? Fidel Castro y Stalin operaban bajo la misma lógica: deshumanización del enemigo ideológico, exiliarlo de la humanidad y proceder a exterminar al enemigo interno que amenazaba la estabilidad del régimen. Así tenemos que hay dictaduras buenas y otras objetables.
Es por todo esto que resulta chocante y vergonzoso que personas que sufrieron directa o indirectamente la represión de la dictadura apoyasen en esa época las dictaduras socialistas y, peor aún, siguen avalando dictaduras y figuras nefastas como Fidel Castro, Ernesto Guevara, la dinastía Kim en Corea del Norte y la actual Venezuela. No cabe más que concluir es que esas personas no aprendieron nada de la experiencia chilena y continúan juzgando las dictaduras en base a la ideología que predican.
Quién evalúe y justifique el terrorismo de Estado en virtud de la ideología bajo la cual opera tal Estado y quien piense que algunos seres humanos pueden y merecen ser secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados en virtud de la ideología que profesen es simplemente un hipócrita y miserable. Para ser más preciso, en mi opinión, es un miserable quien justifique las matanzas perpetradas por la dictadura militar en Chile y condene la dictadura cubana y todos los socialismos reales existentes en el pasado. Así mismo, es un miserable quien solo tiene la desfachatez de condenar la dictadura pinochetista pero avale las dictaduras cubanas y norcoreana, así como los socialismos reales del pasado.
No se puede negar ni relativizar, esa es mi postura. Dejar en evidencia la ideología totalitaria y violenta que abrazó la izquierda en aquellos tiempos no tiene como objetivo justificar la violencia posterior, sino que tiene como cometido permitirnos entender el clima de violencia que se generó hasta tal punto gran parte de la clase política, la sociedad civil y FFAA dieron el visto bueno para una intervención militar, poniendo fin a una República chilena en decadencia que distaba mucho de ser democrática y ciertamente, y más importante, había dejado de ser un Estado de Derecho (por lo demás, no confundamos democracia con Estado de Derecho).
Un golpe: ¿siempre injustificable?
Si bien una intervención militar “per se” no constituyen una forma ideal de resolver los conflictos políticos, pueden no ser condenables bajo ciertas circunstancias. Quiero decir que, en teoría, todos rechazamos los pronunciamientos, golpes o intervenciones armadas, pero cuando observamos la realidad, esto dista de ser así. Por ejemplo, puede preguntarle a un comunista si considera legítimo el golpe de Estado bolchevique en 1917 (comúnmente conocido como “Revolución rusa”) encabezado por Lenin para eliminar la Asamblea Constituyente y transformar a Rusia en una dictadura totalitaria. Lo mismo podemos señalar sobre el golpe de Praga en 1948 por medio del cual los comunistas se hicieron con el poder. Podrá preguntarle a algún partidario de la izquierda progresista latinoamericana de la izquierda si condenaría a Hugo Chávez por el intento de golpe dado en 1992. ¿Se justifica una intervención militar para remover un liderazgo que ha violado la ley, la Constitución y las libertades básicas de las personas (aún cuando este liderazgo haya llegado al poder dentro de la legalidad como fue el caso de Hitler?) ¿Estaría dispuesto a condenar a los golpistas alemanes que intentaron asesinar a Hitler en 1944 en Prusia oriental?
Supongo que la izquierda no estaría dispuesta a condenar las fuerzas que llevaron a cabo la revolución en Cuba puesto que, después de todo, era contra el régimen autoritario de Fulgencio Batista. Pero ¿estarían dispuestos a condenar el golpe de mano blanda dado por Castro una vez en el poder y que por medio del cual transformó una revolución que pretendía restablecer una república constitucional en una comunista y totalitaria? Así como la izquierda progresista aprueba el derrocamiento de Fulgencio Batista, ¿estaría de acuerdo en un golpe contra la nueva dictadura que sustituyó a la de Batista y que resultó ser más represiva y duradera? Es un tema complejo, puesto que dependerá del prisma ideológico bajo el cual se le observe y además no existe una suerte de acuerdo sobre “cuándo” sería legítimo una intervención armada para remover a quien tiene las riendas del poder. ¿Qué debe (n) hacer quien (es) tiene (n) el poder para que sean legítimamente removidos, independiente si llegaron ahí por medios legales e incluso por una mayoría inicial? El problema que emerge es que tras el derrocamiento de Allende, se instauró una dictadura criminal por 16 años. Como señala Tomás Moulián:“La lucha contra la Unidad Popular se realizó en nombre de la restauración de la democracia, pero el golpe militar dio paso a una dictadura de 16 años”[1].
El error comienza cuando, en base a nuestros prejuicios ideológicos, dividimos las dictaduras en aquellas justificables y aquellas que no tienen ninguna justificación. En la foto se puede ver a Hitler, Lenin y Stain. Abajo una foto de 1971 con un Pinochet constitucionalista junto al dictador cubano Fidel Castro
Ya hace siglos atrás el tema del derecho de resistencia al tirano (incluso aunque fuese legítimo) y su versión más extrema, el tiranicidio, fue abordada por varios autores (al parecer los primeros tiranicidas fueorn Aristogitón y Armodio por asesinar a Hipias) . Sin ir más lejos tenemos a Santo Tomás de Aquino (1225-1274) defendía la desobediencia ante una autoridad inujsta (una tiranía en exceso intolerable) e incluso justificó el tiranicidio como una manera de liberarse de la opresión. En 1599, el Jesuita, Juan de Mariana (1536-1624)había abordado en su “De rege et regis” institutione el polémico tema del tiranicidio (incluso acepta la iniciativa privada en el tiranicidio). ¿Hasta que punto esta clase de resistencia hacia el poder se transforma en una contraofensiva justa? En nuestros tiempo, bajo el nuevo ídolo religioso que es la democracia, acaso el santificado “pueblo”, que otorgó el poder a una persona, ¿no tiene derecho a arrebatárselo si considera que ha hecho un uso despiadado de este en contra de la población?
Juan de Roa Dávila (1552-1630),teólogo Jesuita y agustino, también abordó este tema en su “De regnorum iustitia”en donde afirma que toda forma de gobierno es fruto de la creación libre por parte de la voluntad de la comunidad, de manera que ésta puede cambiar de gobernante o de régimen político por razón de iniquidad y tiranía de los gobernantes»). Los siglos pasan pero este tema de la legítima resistencia incluso llegando a niveles de violencia extremos continúa en nuestros días. Tenemos, en el caso de Latinoamérica, la erosión del Estado de Derecho en Nicaragua por parte de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo o el colapso económico, político y social en Venezuela. La pregunta es ¿hasta qué punto es legítimo seguir resistiendo pasivamente ante quienes ejercen el poder de manera arbitraria y despiadada? Si en algún momento ocurriese un golpe militar contra la cúpula chavista, ¿sería un acto de legítima defensa? En el caso de Chile quienes apoyaron la intervención militar no podían presagiar todo lo que vendría, además no había tiempo como para tener una mirada a tan largo plazo cuando la contingencia del momento forzaba a tomar una decisión: ¿debían ser la Unidad Popular y Allende removidos del poder?
Las dictaduras actuales no son necesariamente las de antaño. No son fruto de un golpe militar o el uso de la fuerza. En nuestros días las dictaduras pueden construirse utilizando el método democrático, es decir, hacer uso del voto mayoritario para posteriormente destruir el sistema desde su interior y manipular las elecciones. Este es el caso del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa (y vicepresidenta) Rosario Murillo. Abajo se ve a Nicolás Maduro y al verdadero hombre fuerte del régimen: Diosdado Cabello.
Sobre el concepto de golpe de Estado existe una extensa literatura. El historiador y académico de la universidad Rey Carlos III de Madrid, Eduardo González Calleja, realiza una útil síntesis sobre el tema. El término “golpe de Estado” fue acuñado en Francia durante el siglo XVII. Fue el escritor Gabriel Naudé quien habría acuñado el concepto de “golpe de Estado” como categoría política en su obra de 1639 titulada “Considérations politiques sur les coup d’etat”. Lo interesante es lo que Naudé entiende por “golpe de Estado”. Como destaca González Calleja, para Naudé un golpe de Estado consiste en el “empleo audaz y extraordinario del poder por parte del gobernante, que sin guardar ningún orden ni forma de justicia, actúa movido sólo por la razón y la utilidad pública”. Como comenta González Calleja, esta concepción se aleja de aquella contemporánea que nos señala que un golpe de Estado consiste en una apropiación ilegítima y a veces violenta del poder. Naudé destaca, dentro de su concepción del término, la idea de que el golpe emerge desde el poder del Estado con el objetivo de reforzar su propio poder. También resalta en esta concepción el secretismo, la planificación y la tensión entre la justicia y la “razón de Estado”.
En lo que respecta a las definiciones proporcionadas por los diccionarios, González Calleja destaca algunas características básicas. En primer lugar destaca el secretismo en la preparación del complot y la importancia de la rapidez de su ejecución lo que hace del golpe un acto repentino e imprevisto. En segundo lugar está el carácter violento del golpe de Estado dentro del proceso de transferencia de poder que se lleva a cabo, así como su carácter minoritario y elitista en lo que respecta a los protagonistas. Ahora bien, el historiador español afirma que los golpes de Estado se diferencian de otras clases de asalto al poder en que requieren un empleo de la violencia física muy reducido e incluso nulo, y no necesitan la implicación de las masas. Existen autores que afirman que, si bien los golpes de Estado acostumbran a ser actos de fuerza, en otras circunstancias no han precisado del empleo de la coacción física, sino de dosis adecuadas de decisión política. Esto último hay que entenderlo tal como lo hacía Carl Schmitt, esto es, “la generación de nuevas normas jurídicas impuestas por la determinación soberana del gobernante, por encima del Derecho natural y positivo”. Al respecto comenta González Calleja:
“En ese sentido, lo que caracterizaría al golpe de Estado no es su naturaleza violenta, sino su carácter ilegal, de transgresión del ordenamiento jurídico-político tanto en los medios utilizados como en los fines perseguidos, sean éstos el establecimiento de un régimen dictatorial o un cambio en el equilibrio constitucional de los poderes del Estado Kelsen opinaba que un golpe de Estado era una acción radicalmente ilegal,ya que al romper la Constitución invalidaba todas las leyes existentes”.
Obra de Gabriel Naudé
En lo que respecta al debate actual sobre el concepto de golpe de Estado, González Calleja explica que las ciencias sociales diseñaron cuatro teorías básicas. La primera centraba su atención en el “desarrollo técnico - político de una acción subversiva que se entendía como una estrategia perfectamente calculada de acceso ilegal al poder (…)”. La segunda concebía el golpe como una estrategia de acceso al poder propia de una elite modernizadora, en este caso, el ejército. La tercera contemplaba el golpe de Estado como un fiel indicador de un contexto de crisis social y económica propia de los países del “Tercer Mundo”. Por último tenemos aquella teoría que interpretaba el golpismo como una “evidencia de la inestabilidad político –institucional de un régimen fragilizado por un déficit de legitimidad y por una cultura cívica fragmentada o escasamente desarrollada”, señala González Calleja. Junto al concepto de golpe tenemos también el de “pronunciamiento militar” o “intervención militar”. Por ejemplo, recientemente el ejército intervino en Zimbabwe con el objetivo de poner fin a la dictadura de Robert Mugabe. Los periódicos por lo general se refirieron a este acontecimiento como una “intervención”, “rebelión” o “pronunciamiento”. En el caso de un “pronunciamiento militar,consiste en una declaración pública que realiza el alto mando del ejército o un grupo de oficiales. Además, como añade Luttwak, los rebeldes están previamente preparados e investigan, o al menos sondean, la cantidad de oficiales que comparten su objetivo y se encuentran están dispuestos a actuar con ellos. Un pronunciamiento puede terminar en un éxito, es decir, el gobierno de turno renuncia al poder o en un fracaso, con los rebeldes exiliados a apresados.
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[1]Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, p. 216.