4/11- Thomas Piketty y el Capital en el siglo XXI: El impuesto global y un nuevo rol del Estado (por Jan Doxrud)

(4) Thomas Piketty y el Capital en el siglo XXI: El impuesto global y un nuevo rol del Estado (por Jan Doxrud)

¿Cuáles son las propuestas realizadas por Piketty para evitar que las fuerzas de la divergencia continúen ampliando la brecha entre ricos y pobres? Piketty se pregunta:

¿Podemos  imaginar  para  el  siglo XXI  algo  que  trascienda  al capitalismo y que sea al mismo tiempo más pacífico y duradero, o bien debemos simplemente esperar las próximas crisis o las próximas guerras, esta vez verdaderamente mundiales?...¿qué instituciones y políticas públicas podrían  permitir   regular, de  manera   tanto  justa  como  eficaz,  de  capitalismo patrimonial globalizado del siglo que comienza?”[1].

Piketty afirma que la institución ideal que permitiría evitar una espiral desigualitaria sin fin sería un impuesto mundial y progresivo sobre el capital. Tal impuesto,  de  acuerdo a Piketty, tiene el mérito de generar transparencia  democrática y financiera  sobre  las  fortunas, una condición necesaria para la regulación eficaz del sistema bancario y de los flujos financieros internacionales. Añade Piketty que el impuesto mundial y progresivo sobre el capital permitiría  que el interés general   prevaleciera  por  sobre  los  intereses  privados  y,  a  su  vez, preservaría  la  apertura económica y las fuerzas de la competencia. Ahora bien, Piketty admite que  un impuesto a nivel mundial es una utopía, aunque se podría comenzar por aplicarlo a nivel regional o continental.

Entonces, ¿qué propone el economista francés? En la cuarta parte de su libro Piketty explica que creer  que  la  solución  pasa  por  un  “regreso del Estado”  no  es  correcta, ya que no se puede comparar la situación actual  con  la  situación  política  y  económica  de la década de 1930. En palabras de Piketty:

“El  «regreso del Estado»  no  se  plantea  para  nada  de  la misma manera en la década iniciada en 2010 que en los años treinta, por una simple razón: el peso del estado es mucho mayor hoy de lo que era entonces y, en cierta medida, es aún mayor de lo que jamás había sido”[2].

De manera que la solución no es un “regreso”  del  Estado, ya  que  el  Estado no se ha ido hacia ninguna parte, de manera que no necesita regresar. Lo que Piketty  propone es inventar nuevas herramientas  para  retomar  el  control  del   capitalismo  en  su  forma  actual:  el  capitalismo financiero. Para ello se hace necesario desarrollar un “Estado social”  adaptado al  siglo XXI. El autor explica brevemente la evolución del papel del Estado desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Destaca el hecho de que en  países  como el Reino Unido, Suecia, Francia y Estados Unidos,  las  contribuciones  obligatorias  (impuestos)  representaban  menos del 10% del ingreso nacional entre 1870 y 1910.

El Estado tenía un papel mínimo en la vida económica y social, limitándose  a asegurar la   existencia   de  instituciones como   el ejército, policía, justicia, administración  general, etc. A partir  de  1920 - 1930  y   hasta   1970 - 1980 comenzó   un  incremento considerable el porcentaje del ingreso nacional dedicados a impuestos. Recordemos que cuando hablamos de ingreso nacional nos referimos al 90% del PIB una vez que se sustrae más o menos el 10% que corresponde a la depreciación del capital. Concluye Piketty:

Así pues, a lo largo del siglo XX todos los países ricos, sin excepción, pasaron de un equilibrio en el  que  dedicaban  menos  de  la  décima  parte  del  ingreso nacional a los impuestos y al gasto público, a un  nuevo equilibrio en  el  que  destinaron  durante mucho tiempo a estos conceptos entre un tercio y la mitad del ingreso nacional[3].

Para Piketty los gobiernos de Thatcher y Reagan fueron perjudiciales, entre otras cosas, por la desregulación del mercado financiero. 

Para Piketty los gobiernos de Thatcher y Reagan fueron perjudiciales, entre otras cosas, por la desregulación del mercado financiero. 

Cabe realizar que una precisión respecto al “regreso del Estado”. Piketty explica que el peso del Estado  nunca  había  sido  mayor  en  lo  que  se  refiere  a  materia fiscal y presupuestaria. Pero existen otros ámbitos, como  es   el   mercado   financiero,   que   se  regulan de manera menos estricta desde 1980-1990  en comparación  con  el  período 1950-1970.   Piketty   añade   que  las privatizaciones llevadas a cabo a lo largo  de las últimas tres décadas en el sector industrial y financiero también redujeron el papel del Estado en  comparación  con  los  tres  decenios de la inmediata posguerra. En relación a la redistribución moderna, Piketty explica que esta no consiste en transferir riquezas  de  los  ricos  a  los  pobres, al  menos  no de manera explícita.

Lo que hace la redistribución moderna es  financiar  servicios  públicos  e  ingresos  de  reposición  (pensiones de jubilación, seguros de desempleo)  más  o   menos  iguales  para todos, principalmente en el ámbito   de  la salud, educación y jubilaciones.   En  lo  que  respecta  a  la  educación  y  salud,  aquí nos encontramos ante una verdadera igualdad de acceso para cada individuo,  independiente  de los ingresos y otros factores. De acuerdo a lo anterior, Piketty señala que  la  redistribución  moderna  “se  edifica  en torno a  una  lógica  de  derechos y  a  un   principio de igualdad de acceso a cierto número de bienes considerados fundamentales[4].

La justificación de tal enfoque se encuentra en el Artículo 1 de la  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre y del Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen  y  permanecen libres e iguales en Derechos. Las distinciones  sociales  sólo  pueden fundarse  en  la  utilidad pública”. Piketty enfatiza este último aspecto del artículo que, por lo demás, es algo que Rawls retomaría en su segundo principio de la justicia:

Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos[5].

De hecho, Piketty hace alusión al “principio de diferencia” de Rawls (ver mi artículo sobre el filósofo estadounidense). Escribe Piketty:

En la medida en que la desigualdad de las condiciones de vida se debe, por lo menos en parte, a factores que los individuos no controlan, como la desigualdad en las dotaciones transmitidas por las familias (herencia, capital cultural, etc.) es justo también que el poder público intente reducir, tanto  como  sea  posible, esa desigualdad de condiciones. La frontera entre  igualación  de oportunidades y de condiciones  es a menudo bastante  permeable (la educación, la salud y el ingreso son  al  mismo  tiempo  oportunidades y condiciones). La noción de Rawls de bienes fundamentales permite esta oposición fundamental[6].

Lo problemático para el economista francés es el concepto de “derechos”, así como el de “igualdad”. Piketty plantea las siguientes preguntas: 

“¿hasta dónde tiene que llegar la igualdad de los derechos? ¿Se trata únicamente en el derecho de  poder  contratar libremente, lo  que en la época de la Revolución  francesa  ya  parecía totalmente revolucionario? Y si se incluye la igualdad del derecho a la educación, a la salud, a la jubilación, como se empezó a hacer con la instalación del Estado social en el siglo XX, ¿debe incluirse hoy en día el derecho a la cultura, a la vivienda, a viajar?[7].

Si la igualdad es la norma  y  la  desigualdad sólo es aceptable si se fundamenta en la utilidad común, entonces debemos adaptar tal idea de los revolucionarios franceses a nuestra época. Es decir, el Antiguo  Régimen  ya  no  existe, por lo que se hace necesario ahora dar un paso más y ampliar el concepto de “utilidad común”. De acuerdo a Piketty, una interpretación razonable es que las  desigualdades  sociales  “no  son  aceptables   más   que   si   son  interés de todos y, en particular, de los grupos sociales más desfavorecidos[8]. Los logros alcanzados por revoluciones pasadas fueron fundamentales, pero aún quedan  desafíos  en  materia  de  justicia social para el siglo XXI.

Lo que Piketty propone es modernizar el Estado social creado a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, el economista francés señala que el sector público, cuando rebasa cierto tamaño e influencia, puede traducirse en graves problemas en lo que se refiere a organización, de manera que  la   solución no   es  expandir  el  sector   público,  sino   que  desarrollar   nuevos modos de organización  descentralizadas  y  participativas, así  como  formas innovadoras de gobierno que permitan estructurar de manera más eficaz el sector público.  En  cuanto al concepto de “sector público”, Piketty lo considera  simplista, ya que “el hecho de que  exista un financiamiento no significa  que  la  producción  del servicio  en  cuestión  sea  realizada por personas directamente empleadas por el Estado  o  por  entidades  públicas  en sentido  estricto[9]. Piketty afirma que existen  “estructuras intermedias”  entre  las  dos  formas  polarizadas  que  son el Estado y la empresa privada.

En todos los países, en el sector de la educación o de la salud existe una gran diversidad de estructuras jurídicas, sobre todo en forma de fundaciones y asociaciones que en realidad son estructuras intermedias…”[10].

De acuerdo a esto, Piketty señala que la idea conforme a la cual existiría una sola forma posible de  propiedad del capital y de organización de la producción  no  corresponde a la realidad económica actual caracterizada por la existencia de economías mixtas. Dentro de los campos de acción que tiene el Estado, a Piketty le preocupan dos: la educación y las jubilaciones. En lo que respecta a la educación, el autor ve serios problemas ya que esta no estaría cumpliendo con uno de sus objetivos que es la movilidad social. La masificación de la educación no se ha traducido en una renovación más rápida de los ganadores y los perdedores en la jerarquía de las calificaciones en relación con la desigualdad social.

El autor examina el caso de  la educación universitaria en Estados Unidos  y  Europa, cuestionando  la  supuesta movilidad social que se daría en el primero, que sería menor en comparación a Europa. Piketty destaca el alto costo de las colegiaturas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, lo  que  lleva  a  que  se  forme  una oligarquía universitaria que no se fundamenta en mérito alguno. El tema es que ni siquiera la gratuidad en la educación  es  garantía  de mayores  oportunidades.

Basándose  en  los  estudios  del  sociólogo Francés Pierre Bourdieu (1930-2002) explica que a menudo la selección financiera es sustituida por  mecanismos  de  selección  sociocultural  más  sutiles. En   el  caso del sistema francés de las grandes escuelas, Piketty explica que se destina una mayor parte   del gasto público a estudiantes proveniente de los medios  sociales  más  favorecidos, mientras que  una  menor  cantidad  va  a aquellos   estudiantes   provenientes   de   sectores   más   modestos, lo  que  viene   a  cuestionar seriamente el discurso de la meritocracia republicana. Pierre Bourdieu escribe en “La nobleza de estado: Educación de elite y espíritu de cuerpo”:

Sería necesario decir adiós al mito de la «escuela liberadora», garante del triunfo del achievement sobre la ascription, de lo que se ha conquistado sobre lo que se ha recibido, de las obras sobre el nacimiento, del mérito y del don sobre la herencia y el nepotismo, para percibir la institución escolar en la verdad de sus usos sociales, es decir, como uno de los fundamentos de la dominación y de la legitimación de la dominación[11].

En cuanto al tema de las jubilaciones, Piketty explica que en Europa predomina principalmente el sistema de reparto. En ese sistema, las cotizaciones retenidas sobre los salarios son utilizadas de manera inmediata para pagar las pensiones de los jubilados.En el caso del sistema de capitalización (como el chileno), cada afiliado posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones  previsionales las cuales se capitalizan para obtener de esa  manera una rentabilidad, vale decir, mientras que la contribución es definida, el beneficio es indefinido. En el sistema de capitalización no se “promete” una pensión determinada a la persona al momento que esta jubile. El sistema de reparto en cambio, se basa en el denominado “principio de solidaridad entre generaciones”, siendo el pago inmediato, es decir, no se reinvierte.  

Piketty reconoce que las condiciones actuales plantean un desafío al sistema de reparto, ya que las jubilaciones que han de ser pagadas en el futuro serán tanto más elevadas en la medida en que la masa salarial aumente. En las condiciones actuales existen al menos dos problemas importantes: la baja tasa de natalidad y la disminución de la tasa de crecimiento. Las condiciones actuales ya no son las mismas que aquellas cuando se introdujeron los sistemas de reparto a mediados del siglo XX. El tema de las pensiones ha sido uno de los blancos de crítica hacia Piketty como lo veremos más adelante con el economista Xavier Sala i Martin. Después de todo, si tenemos que r > g, entonces lo más viable sería abandonar el sistema de reparto y adoptar el sistema de capitalización. A pesar de esto, Piketty cree que no se debe abandonar el sistema de reparto por razones que veremos más adelante.

 

[1] Ibid., 519.

[2] Ibid., 521.

[3] Ibid., 524.

[4] Ibid., 529.

[5] John Rawls, Teoría de la Justicia (México: FCE, 2010), 68.

[6] Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, 530.

[7] Ibid., 529.

[8] Ibid., 530.

[9] Ibid., 533.

[10] Ibid.

[11] Pierre Bourdieu, La nobleza de estad: Educación de elite y espíritu de cuerpo (Buenos Aires: Siglo XXI editores), 19.