25) La Guerra Civil Española . La victoria del Frente Popular (por Jan Doxrud)

Finalmente sería este complejo y contradictorio conglomerado político el que resultaría victorioso en las elecciones generales de febrero en 1936. Como explica de la Cierva, el ambiente que predominaba era de los peores. En palabras del historiador existía un ambiente “cada vez más radicalizado hacia posiciones extremas, irreconciliables, con tendencia al reagrupamiento bipolar”. Más adelante añade lo siguiente

“Las elecciones de febrero verían una radicalización de posiciones, pero en sentido de oposición bipolar. Y lo peor no era que España se agrupase en dos bloques contrarios: lo peor era que España se escindía en dos bloques contradictorios, de los que cada uno daba por sobreentendida –aun sin fijar métodos concretos– la incompatibilidad de toda convivencia con el otro, considerado cada vez más como simplemente enemigo”.

En lo que respecta a las elecciones, Enrique Moradiellos explica que su convocatoria, organización y supervisión estuvo a cargo del gobierno republicano centrista y que, desde mediados de diciembre de 1935, era presidido por Manuel Portela Valladares como Jefe de Gobierno, y Niceto Alcalá-Zamora como Presidente de la República. Añade el historiador que ambos políticos pretendían pretendían promover, desde el poder, una opción política republicana moderada que ocupara el espacio del centro político y que operar como un amortiguador entre las fuerzas derechistas articuladas de la CEDA y las fuerzas aglutinadas en torno a la Izquierda Republicana liderada por Manuel Azaña.

Añade Moradiellos que en aquellas elecciones, podían votar todos los españoles (hombres y mujeres) que hubieran cumplido los veintitrés años antes del mes de enero de 1936, que resultaba en un total de 13.578.056 personas de acuerdo al censo). Así, se debía votar para elegir un Congreso unicameral con 473 escaños distribuidos en sesenta circunscripciones (grandes capitales y provincias). Continúa explicando Moradiellos:

“El peculiar sistema electoral vigente desde 1931 imponía el voto restringido (el elector sólo podía votar a un número menor de escaños en juego en la circunscripción: si eran veinte, sólo elegía dieciséis), era hipermayoritario (primaba al vencedor de forma notoria: le otorgaba hasta el 80% de escaños en juego, el llamado «cupo de mayorías») y favorecía claramente la representación de los ámbitos urbanos y más poblados”.

Como señalé, el ambiente estaba polarizado y los odios a flor de piel y, para Ricardo de la Cierva, tanto la gestación del Frente Popular (ni sus objetivos) así como también las elecciones de 1936 no fueron democráticas. Explica el autor que, para que hablemos de “democracia”, hacen falta dos condiciones: elecciones limpias y voluntad –previa– de convivencia. A esto añade el mismo historiador:

“(…) en la campaña electoral para las urnas del 16 de febrero de 1936 y en esas mismas elecciones, no existieron ninguna de las dos condiciones: ni la voluntad de convivencia ni las elecciones limpias. Lo poco que restaba de democracia en la República desapareció al iniciarse la campaña electoral, que fue un toque de rebato para la Guerra Civil; y en las elecciones de febrero, que fueron, según frase de un historiador socialista, Ramos Oliveira, «la Guerra Civil misma». Con estos mimbres no se puede llamar democracia a la Segunda República, como hace Tusell en un rapto permanente de alucinación histórica.

Ricardo de la Cierva reconoce que su pensamiento evolucionó a tal punto de llegar a reconocer la tesis de que, efectivamente, existían 2 Españas en ese momento, tal como lo había aseverado Indalecio Prieto. En opinión de Stanley Payne, las elecciones de febrero de 1936 supusieron una especie de plebiscito que vendría a medir 2 fuerzas. En un extremo se situaba una República sólo de izquierdas que apoyaba insurrección de 1934 y, en el otro extremo, estaba la derecha que representaba una “cierta clase de nuevo régimen derechista”.

Añade Payne que tales elecciones no fueron normales en una democracia establecida, puesto que se trató de un referéndum entre dos extremos en un sistema nuevo y no consolidado. Sumado a esto, el historiador explica que la ley no exigía la celebración de unas nuevas elecciones a Cortes hasta noviembre de 1937. Pero sucedió que el presidente Alcalá - Zamora, decidió convocarlas apresuradamente, creyendo que podría dominar el centro republicano junto a su cercano y Presidente del Consejo de Ministros Manuel Portela (1867-1952).

En lo que respecta a las elecciones, el historiador estadounidense explica en su libro “En defensa de España” que las elecciones fueron fraudulentas, incluyendo la primera vuelta, a la luz del libro M. Álvarez Tardío y E. Villa García y al que me referiré más adelante. Continúa explicando el autor que, si bien la votación original del 16 de febrero fue libre y correcta, sucedió que el proceso revolucionario comenzó esa misma noche y durante los días siguientes, generando un clima de violencia. Durante los días 18 al 20 de febrero “se ocuparon los gobiernos locales de ocho provincias para falsificar el escrutinio final, lo que dio la victoria – en justicia, habría sido un empate – al Frente Popular”.

Como afirma Payne, tras la segunda vuelta, tenemos la tercera fase, el fraude más destacado, el cual no tuvo lugar durante el sufragio, sino tras la apertura de las Cortes. De acuerdo al sistema republicano, la primera tarea de las nuevas Cortes era elegir una “Comisión de Actas” que debía revisar los resultados electorales y determinar si debían anularse o invertirse en algún distrito en caso de existir irregularidades. Se anularon los resultados en Granada y Cuenca donde la derecha había triunfado, así como también en otras localidades donde hubo una anulación parcial. No hubo evidencias sobre las irregularidades salvo en Granada y a la izquierda no se le arrebató ningún escaño.

Continúa explicando el autor en su libro sobre la revolución española:

“Mientras tanto, la derecha afirmaba que las izquierdas le habían robado las elecciones en cuatro o cinco provincias, donde los desórdenes que se produjeron entre el 17 y el 20 de febrero permitieron falsificar los resultados, pero la mayoría frentepopulista presente en la Comisión de Actas se negó a investigar estas acusaciones. En conjunto, 32 escaños cambiaron de manos, sobre todo para favorecer al Frente Popular, cuya mayoría inicial del 60 por ciento se transformó en una de alrededor del 67 por ciento”.

En su libro “En defensa de España”, el autor señala que la mayor parte de los historiadores, incluido el comunista Manuel Tuñón de Lara, han reconocido y condenado este fraude. Añade que para el 17 de febrero era evidente el triunfo del Frente Popular, el cual disfrutaría de la mayoría parlamentaria. Pero, más tarde, se generaría la polémica en torno a los resultados y las cifras exactas. Este tema sería estudiado e investigado por el historiador Javier Tusell junto a otros colegas. Otro hecho que ayudó a la erosión de la democracia, señala Payne, fue la negativa del presidente Alcalá-Zamora de decretar el estado de guerra el 17 de febrero, lo que pudo haber frenado el proceso de fraude y “podría haber cerrado el paso al deterioro de la ley y el orden que se produjo a partir de entonces”.

Explica Payne que los resultados de tales investigaciones fue que quedaron registrados los votos del 72 por ciento del censo y en donde el 34,3% del electorado votó a la izquierda, el 5,4% por ciento al centro y el 32,2% restante al centro-derecha. Otro estudio que cita Payne es el de Juan Linz y Jesús de Miguel, que separaron los totales individuales obtenidos por cada partido, en especial en lo que respecta a las papeletas de la coalición de centro-derecha. Los resultados sugieren que el Frente Popular habría recibido alrededor del 43% de los votos, la derecha sólo el 30,4%y los diversos grupos de centro y centro-derecha, en su conjunto, un 21%. Otro 5,6% de votos fueron para candidatos inclasificables.