2/3- Salvador Allende: “De la vía chilena a la vía insurreccional” (por Jan Doxrud)
De acuerdo con Arriagada, el análisis de la situación económica del país fue vulgarizado por la UP, lo que se tradujo en que la izquierda engendrara “una visión mítica de un superpoder oligárquico, entelequia omniconsciente que se proyectaba controlando todos los aspectos de la vida chilena: la economía, la política, las comunicaciones de masas. Por ende, se requería refundar el sistema económico catalogado de monopólico y oligárquico y hacerse con las principales palancas de este sistema. La izquierda cayó en lo podemos denominar como la “ilusión planificacionista” en donde, como apunta el autor, la economía chilena se les presentaba como una “máquina controlable en grado sumo”.
El segundo aspecto de la “via institucional” guarda relación con las alianzas sociales. Como explica Arriagada, el núcleo de esta alianza era el proletariado. Como explicaba Joan Garcés la sociedad chilena fue dividida de acuerdo con los difusos criterios marxistas-leninistas y, de acuerdo con esto, la “alta burguesía” – industrial como agraria – debía ser decapitada económicamente. La “burguesía media” debía ser neutralizada políticamente y lograr una coexistencia económica con esta y, por último, la “pequeña burguesía”.
La UP sometió así a la sociedad chilena a un rígida y arbitraria clasificación en donde un proletariado abstracto fue construido por la UP y lo transformó – siguiendo el dogma marxista-leninista – en el protagonista de la revolución. Frente a estos sectores desfavorecidos tal partidos o movimientos adoptaban una suerte de actitud paternalista y “omnicomprensiva hacia las actitudes obreras, aun cuando ellas contravengan de modo directo y brutal al programa definido por sus vanguardias”.
Como bien apunta Arriagada, aquí además se caía en algo común al populismo latinoamericano y era definir a los pobres en términos morales, con el resultado de que el “rico” era un simple parásito explotador. Sumado a esto Arriagada destaca otro hecho que es el sectarismo e intolerancia por parte de aquellos partidos o movimientos que creían representar a los marginados de la sociedad. Por ende, si no estabas con estos, entonces pasabas a ser el enemigo que era rotulado de “desclasado” o “corrompidos”.
El tercer aspecto de la “vía institucional” era el aprovechamiento de algunos aspectos de la ideología “burguesa”. Joan Garcés era consciente de la relevancia de la legalidad en Chile, por lo que se hacía necesario aprovecharla para facilitar el avance de las transformaciones. Añadía Garcés que fue esa misma legalidad la que permitió a la UP llegar al poder y no la vía revolucionaria. En suma, se debía avanzar en el proceso revolucionario haciendo uso de las herramientas legales disponibles, pero el problema es que tales herramientas no terminarían por jugar a favor de la UP, lo que significaba un callejón sin salida para la “vía institucional”.
El cuarto aspecto de la “vía institucional” está estrechamente relacionado con el tercero: el manejo de la legalidad burguesa de tal forma que sea funcional al proyecto de la UP. Por ejemplo, Arriagada señala que se podía mantener la separación de poderes, pero cambiar la correlación de fuerzas. Así, si antes el poder ejecutivo era ocupado por la burguesía, ahora lo ocupaba el “pueblo” de manera que “sin cambiar un ápice de la estructura de la estructura del Estado, el funcionamiento de la fórmula de equilibrio-combinación de poderes se había convertido en positivo para los intereses de los trabajadores y contrario a los de la burguesía. Otro punto importante era contar con la mayoría popular, puesto que quien la tenía no tendría ningún obstáculo que pudiese superar.
Arriagada cita las palabras de Allende en su conversación con Regis Debray en donde es claro en enfatizar su idea de que “se puede cambiar la Constitución dentro de la Constitución mediante plebiscitos”:
“Y hemos dicho que aprovecharemos aquellos aspectos de la Constitución actual para abrir paso a la nueva Constitución, la Constitución del pueblo. ¿Por qué? Porque en Chile podemos hacerlo. Nosotros presentamos un proyecto y resulta que el Congreso lo rechaza; nosotros vamos al plebiscito”.
Otro ejemplo de esto fueron los “resquicios legales”, lo cual significó el explorar y encontrar “disposiciones legales olvidadas que habían sido dictadas por regímenes que durante breves períodos hicieron esfuerzos por cambiar las estructuras económico-sociales del país”. Aquí tuvo un papel medular el abogado y académico de la Universidad de Chile Eduardo Novoa Monreal (1916-2006), quien se valió del Decreto Ley 520 del año 1932 para intervenir empresas privadas en base a ciertos criterios. Tal decreto Ley había sido promulgado por la ilegítima República Socialista que llegó al poder por medio de un golpe de Estado en contra del Presidente Juan Esteban Montero.
Un quinto aspecto de la “vía institucional” era la política frente a las Fuerzas Armadas. En palabras de Arriagada las FF. AA tenía una tradición que las sometía al poder civil legítimo y en virtud de esto, la “vía institucional” se definía en 4 aspectos fundamentales frente a esta institución. El primero era el respeto a su carácter profesional, tal como lo señaló Allende en una conferencia de prensa del 5 de mayo de 1971 y que es citado por Arriagada. En esta, Allende dice estar orgulloso del rol profesional de las FF. AA, de ser obediente al poder civil, “el acatamiento irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas, a las leyes de Chile, a la Constitución chilena y es un firme propósito, y los es el de la UP, mantener el sentido profesional de las FF.AA”.
El segundo aspecto era el reconocimiento de que las FF.AA (y Carabineros) el monopolio del poder armado de manera que, y tal como declaró Allende en Temuco el 28 de marzo de 1971: “(…) no habrá en Chile más fuerzas armadas que la fuerza de los institutos armados del Ejército, Marina y Aviación y la Fuerza de Carabineros” El tercer aspecto era la incorporación de las FF.AA en el aparato estatal o, como afirmaba Allende, integrarlas en el proceso de desarrollo del país pero “sin perder su carácter profesional y sin pretender politizarlas, desde el punto de vista de un partido o de un grupo de partidos (…)”. El último aspecto que menciona Arriagada se refería a la satisfacción de sus reivindicaciones de orden económico e institucional.
Un problema que aborda el autor hacia el final de su libro, en el capítulo VII es que el reconocimiento del monopolio del poder armado constituía otro obstáculo para el proyecto de la UP. Como escribió Joan Garcés (después del 11 de septiembre de 1973), había quienes aseveraban que la UP había tenido tiempo para armar a los trabajadores y organizar así un ejército que defendiera al gobierno. Frente a esto, el asesor español de Allende aseveraba que tal visión de las cosas revelaba un “craso desconocimiento de la realidad militar concreta de Chile (…)”. Haber procedido a armar a los partidarios de la UP solo hubiera tenido como consecuencia que tanto oficiales sediciosos como leales al gobierno reaccionaran en contra.
Volviendo a las tres vías anteriormente mencionadas, la adopción de la institucional y la exclusión de las dos otras vías (guerra popular y la insurrección) era algo temporal y su aplicación dependería de las circunstancias. Arriagada cita las palabras del asesor español de Allende, Joan Garcés, quien afirmó que las vías anteriormente mencionadas no eran excluyentes entre sí. Luis Corvalán por su parte, declaró en su informe al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista que “la revolución es un proceso múltiple vinculado a todas las luchas que viene librando nuestro pueblo y que sus vías se determinan en conformidad a la situación histórica, pero siempre han de basarse en la actividad de las masas”.
Como bien señala Arriagada, la “vía político-institucional” era sólo una táctica y no el camino hacia un ordenamiento socialista. Ahora bien, este intento de compatibilizar la realidad chilena con la ortodoxia marxista-leninsta terminaría por fracasar producto de la inevitable debacle económica, las tensiones al interior de la UP, la transgresión del Estado de Derecho por parte de la UP y la erosión de su popularidad lo cual colocaba una lápida definitiva a la “vía institucional”. Si bien en un comienzo en materia económica, como apunta Arriagada, el país experimentó una “carnaval del consumo”, en donde la población vio crecer sus ingresos, esta política estaría condenada al fracaso puesto que la inflación y la hiperinflación entrarían en escena.
Siguiendo al autor, este fue un caso en de donde “Lord Keynes” fue en ayuda del viejo Marx, puesto que la política de la UP fue una basada en la expansión de la demanda agregada para reactivar la actividad económica. Pero como la teoría económica nos enseña, estas son políticas cortoplacistas son de corto aliento y con el tiempo se termina por abrir la caja de pandora económica.
Junto con esto comenzaron a surgir tensiones dentro de la coalición de gobierno, por ejemplo, cuando surgió la Asamblea del Pueblo en julio de 1972 en Concepción. Esto generó rechazo por parte del PC que acusó al MIR la Izquierda Cristiana y ciertos sectores del Mapu de realizar una maniobra que el “imperialismo” (estadounidense) estaba impulsando. Allende fue también enfático y claro en rechazar la existencia de aquella Asamblea: “Porque aquí hay un solo gobierno, el que presido, y que no solo es legítimamente constituido, sino que por su definición y contenido de clase, es un Gobierno al servicio de los interese generales de los trabajadores”.
Frente a esto, Arriagada nos señala que la posibilidad de seguir transitando por medio de la “vía institucional” era precaria si se tenía en cuenta otra otro planteamiento del presidente Allende. En este planteaba que para superar la raíz del conflicto político (entre los poderes del Estado), era prioritario ganar las elecciones generales de parlamentarios de 1973.
El problema con esto es que el deterioro electoral de la Unidad Popular haría imposible continuar por la vía institucional puesto que en tales elecciones parlamentarios los resultados no fueron favorables para el conglomerado. Pero antes de llegar a 1973 ya se habían generado una serie de problemas para la UP. Por ejemplo, tenemos las tensiones con el Poder Judicial. Como explica Arriagada, resultaba que los jueces habían ordenado la devolución de varias industrias a sus dueños y, por ende, la fuerza pública debía hacer cumplir las sentencias judiciales. Frente a esto, el gobierno optó por privar a los tribunales de la facultad de imperio o, dicho de otra forma, los jueces podrían dictar sentencia, pero sería el gobierno de la UP la que decidiría conceder o no el uso de las fuerzas públicas para hacer cumplir las sentencias.
Marx y Keynes
Así, sería el gobierno el que en última instancia analizaría el mérito de cada caso para autorizar o no el uso de la fuerza pública. También hubo tensiones con la Contraloría General de la República un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado. Como nos recuerda Arriagada, los decretos que emanan del Poder Ejecutivo deben encuadrarse en el marco de la Constitución así como también “no puede disponer algo contrario a ninguna ley (…)”. Otro punto importante que nos recuerda el autor es que es la Contraloría la que “toma razón” de los decretos, procedimiento establecido por la ley “para someter al Ejecutivo a la voluntad de otro órgano independiente que debe apelar por la correcta aplicación de la Constitución y de las leyes”.
El problema que aconteció fue que, si el contralor rechazaba un decreto por ser ilegal o inconstitucional, entonces este no entraba en vigencia pero, de haber un problema de interpretación del decreto, terminaría por predominar la del ejecutivo (aunque este debía enviar un nuevo decreto “de insistencia” con la firma de todos los ministros). En la práctica este conflicto generó problemas especialmente en respecto a los decretos de requisición de empresas. Como señala Arriagada en 1971 la Contraloría objetó la legalidad de los decretos de requisición de 8 empresas, ante lo cual el ejecutivo optó por la insistencia. Lo mismo continuó sucediendo el año 1972 y, hacia fines de ese año y comienzos de 1973, la situación se agravó puesto que “eran cuarenta y tres las industrias cuyas requisiciones habían sido objetadas como ilegales por la Contraloría (…)”. A pesar de esto, las empresas permanecían de facto en poder de los delegados de ministro de economía y los verdaderos propietarios ni siquiera podían entrar en sus empresas.
Otro problema es el que ya mencionamos y se refiere a la necesidad de Allende de obtener un triunfo en las elecciones parlamentarias de 1973. Recordemos que la manera de zanjar los problemas políticos – cuando se proclamó la Asamblea del Pueblo por parte de la extrema izquierda – Allende ofreció como salida política el triunfo en las parlamentarias ante lo cual Arriagada se preguntaba qué sucedería si la UP no obtenía una mayoría. Si el triunfo en las parlamentarias no se concretaba, ¿se continuaría rechazando la idea de una Asamblea del Pueblo? Finalmente el resultado de las elecciones el gobierno obtuvo el 43,7% de los votos, mientras que la oposición obtuvo un 54,7%.
Artículos complementarios:
La política económica de Salvador Allende y la Unidad Popular (por Jan Doxrud)
Tomás Moulian: Salvador Allende y la izquierda chilena (por Jan Doxrud)