7-El debate constitucional en Chile (por Jan Doxrud)

 

Por su parte, el movimiento  “Marca tu voto”  explica en su “Manifiesto” que  Chile debe tener una nueva Constitución ya que es su convicción de que la carta magna debe estar legitimada por cada una de las ciudadanas y ciudadanos del país, “construida en común a través de una Asamblea Constituyente que permita el diálogo y el intercambio de opiniones, y que la propuesta final sea sometida a la voluntad soberana del pueblo mediante un plebiscito”. Continúan explicando que la Constitución no representa al Chile actual y añaden que la:

Constitución de Pinochet, en su origen y lógica institucional, vulnera el derecho de libre determinación “contemplado en las dos más importantes convenciones universales de derechos humanos, ambas suscritas por el Estado de Chile: la de derechos civiles y políticos y la de derechos económicos, sociales y culturales y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas”. 

En el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet explica que :

Chile merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base en un sistema plenamente democrático; y que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional, en toda su extensión”. 

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Agrega que la Constitución, aún con las modificaciones que se le han realizado, continúa fundamentándose en la desconfianza hacia la soberanía popular. Así, el programa señala que  “Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones constitucionales liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional”.  En cuanto al catálogo de derechos básicos que debe reconocer la nueva Constitución se encuentran:

a)   Derecho a la vida, integridad física y psíquica.

b)    Derecho a la igualdad y a la no discriminación

c)    Derecho a la libertad y seguridad personal 

d)    Derecho a la tutela judicial y garantía del debido proceso. 

e)    Derecho a la libertad de conciencia. 

f)      Derecho a la libertad de expresión 

g)    Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

h)    Derecho a la identidad, a la intimidad, a la imagen, al honor, y a los derechos sexuales y reproductivos. 

i)      Derecho de propiedad 

j)      Derechos políticos 

k)    Derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos indígenas. 

l)      Derechos económicos, sociales y culturales. 

m)  Derecho a la participación política y social 

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El Programa del Frente Amplio, con el objetivo de convocar un plebiscito constitucional, señala que  se requiere reformar los artículos 15 inciso 2° y 32 N° 4 de la actual Constitución, pero para ello  se requeriría  el acuerdo de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Ahora bien, puede continuar leyéndose en el programa que, en caso de no obtenerse el quórum, el Frente Amplio exploraría todas las formas disponibles para dar la validación institucional al proceso. Una posibilidad es la convocatoria por parte  del Poder Ejecutivo a un plebiscito según lo contempla el artículo 32 N°4, para los casos de discrepancia con el Congreso en la tramitación de una Reforma Constitucional. En suma, lo que pretende el Frente Amplio es convocar una Asamblea Constituyente electa mediante sufragio y con participación activa de la ciudadanía. La nueva Constitución debe constituir una suerte de reflejo de los anhelos de la sociedad, así como de su diversidad política, social y cultural

Otro punto importante es el proceso para la elaboración de una Nueva Constitución Política:

a)    Proceso Democrático:  La Nueva Constitución debe generarse en un contexto en que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores.

b)     Proceso Institucional:  El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas un a disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios. 

c)     Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición. 

Francisco Zuñiga, quien se desempeñó como  jefe de la comisión de Constitución del comando de Michelle Bachelet, explica que la Constitución vigente es autoritaria y neoliberal, encontrándose en las antípodas del constitucionalismo liberal, democrático y social[1]. Añade Zuñiga: 

La Constitución fue impuesta “como un último acto de una revolución que desde 1973 refundó autoritariamente el capitalismo en Chile. La Constitución vigente es, en su origen, fruto de una dictadura de clase, obra de los vencedores”[2].

Para Zuñiga, la Constitución, a pesar de las numerosas modificaciones que ha sufrido, se encuentra ustentada en una desconfianza a la soberanía popular y el objetivo que debemos plantearnos como país es el de reencontrarnos con nuestra tradición republicana.

El economista chileno, quien se  desempeñó en la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) durante el gobierno de la Unidad popular, Germán Urrea, también apunta a la particular génesis de la Constitución chilena:

Esta constitución fue ‘aprobada’ después de haber sido elaborada en los laberintos de la burocracia de las cúpulas cívico militares. El referéndum de aprobación se hizo en condiciones de ‘estado de excepción’ y en momentos en que expresar opiniones divergentes podía conducir…a uno de los numerosos centros de detención y/o de tortura o al mar”[3].

La Constitución, continúa explicando Urrea, se construyó sobre la base del discurso de Chacarillas, pronunciado por Pinochet en la localidad de Chacarillas el 9 de julio de 1977. Los principales principios del discurso son: 

a)    Instauración de una “democracia protegida”.

b)    Gobierno autoritario.

c)    Democracia integradora.

d)    Democracia tecnificada (predominio de tecnócratas por sobre los políticos)

e)    Democracia de participación social fundamentado en el principio de subsidiariedad.


[1]Lucas Sierra, op. cit., 42.

[2]Ibid.

[3]Germán Urrea, Chile: por un nuevo modelo económico. Para una sociedad democrática, solidaria y sustentable (Chile: CEIBO Ediciones, 2014), 50.