(II) ¡Tenemos derechos…! pero, ¿qué es un derecho? (por Jan Doxrud)?
El derecho conquistado pasa a ser garantizado por ley por el Estado. Ahora bien, debemos añadir que los derechos no son gratuitos, es decir, se puede reclamar educación gratuita, pero igualmente “otros” deben pagar. La educación, incluso para quienes la conciben como un “derecho social” que no obedece a la lógica del mercado, implica pagar a los profesores, pagar por la construcción de nuevos colegios y mantener la infraestructura de los ya existentes, compra de computadores, libros, cuadernos, bancos, sillas, etc.
¿De dónde obtiene los recursos, siempre escasos, el Estado? La respuesta: impuestos. Por ende, cuando se reclama un derecho, este será financiado por los individuos que componen la sociedad, a no ser que el Estado sólo obtenga sus ganancias de las empresas estatales, se endeude con el extranjero (deuda que igualmente tendremos que pagar nosotros los ciudadanos) o imprima billetes acudiendo al Banco Central (lo cual generaría inflación), pero sabemos que eso no es así. Son los impuestos los que financian los derechos y cuando A, B, C, D y E reclaman por un derecho “X” que sea gratuito, lo que en verdad acontece es que otros pagarán por ese derecho. Se lleva a cabo un proceso de recaudación de riqueza (impuestos) por parte del Estado y luego una redistribución de esta misma dirigida a diversos objetivos: educación, salud, defensa, orden público, transporte, etc. Tenemos pues que los recursos no alcanzan para satisfacer todos los derechos que una comunidad dada querría idealmente tener, puesto que los recursos son escasos y tienen usos alternativos, de manera que hay que jerarquizar, ya que el presupuesto es acotado.
¿Existirían derechos sin la presencia del Estado? ¿Acaso los derechos emergieron solamente en las modernas sociedades políticas? Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, ambos académicos de la Universidad de Harvard, defienden una concepción particular del concepto de “derechos”. Los autores definen este concepto como “intereses importantes que puede ser protegidos de manera confiable por individuos o grupos utilizando instrumentos del gobierno”. Los autores dejan de lado en su análisis el “enfoque moral” del concepto para enfocarse en una descriptiva orientada a explicar cómo funcionan efectivamente los sistemas legales. Lo que a Holmes y Sunstein les interesa es indagar empíricamente qué tipo de intereses protege una determinada sociedad políticamente organizada.
Los derechos morales quedan marginados de su análisis debido a la concepción misma de “derechos” que tienen los autores y que analizan en su libro: los derechos imponen obligaciones legales a los habitantes de un Estado nacional, es decir, están respaldados por la fuerza de la ley. Es por ello que los autores señalan que los derechos, en un sentido legal, tienen dientes. Estos derechos además de tener costos desde un punto de vista presupuestario, también poseen costos sociales. De acuerdo con Holmes y Sunstein todos los derechos tienen costos. En palabra de los autores: “Atender al costo de los derechos plantea una cantidad de cuestiones adicionales, no sólo acerca de cuánto cuestan sino también sobre quién decide cómo asignar nuestros escasos recursos públicos para protegerlos, y para quién”.
Cass Sunstein además de ser un prestigioso académico de Derecho, fue también Director de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios bajo la administración Obama. Su esposa, Samantha Powell (izquierda) fue embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas (2013-2017)
Pero quisiera regresar a la idea medular del libro. Los autores escriben el libro como una crítica a la derecha conservadora estadounidense y, principalmente, contra la corriente libertaria y su perspectiva escéptica y casi fóbica hacia la figura del Estado. De acuerdo con ambos autores y en contra de los libertarios, el Estado no es un enemigo de la libertad y de los derechos, todo lo contrario, es el que hace posible la existencia la libertad y la armonía social. Los autores rechazan la dicotomía entre derechos negativos y derechos positivos (aceptados por casi todo el espectro político). Los primeros ponen el énfasis en frenar la intromisión del Estado en la vida de los individuos, “destierran y excluyen al gobierno”, “son privativos y obstruccionistas”, señalan los autores. Los derechos negativos son aquellos que apuntan a defender a los individuos de la sociedad civil frente al poder arbitrario del Estado.
En lo que respecta a los derechos positivos, estos buscan la ayuda y la intervención del Estado. Si los derechos negativos entronizan la libertad como valor central, los derechos negativos entronizan a la igualdad. En virtud de la dicotomía política los partidos políticos se acomodan en una de las dos trincheras: la izquierda progresista a favor de los derechos positivos y conservadores, así como libertarios, a favor de los derechos negativos. Ahora bien, cuando se trata de derechos legales, Holmes y Sunstein son claros al señalar que estos son siempre positivos. La lógica detrás de esta idea es que todos los derechos implican un deber correlativo que, en caso de no cumplirse, es castigado por el Estado y esto incluye la libertad de la que gozan los individuos en una sociedad dada. En palabra de los autores:
“Lo que equivale a decir a que no se puede obtener la libertad personal limitando la interferencia del gobierno en la libertad de acción y de asociación. Ningún derecho es simplemente el derecho a que los funcionarios públicos no lo molesten a uno. Todos son reclamos de una respuesta gubernamental afirmativa (…) Si los derechos fueran meras inmunidades a la interferencia pública, la virtud suprema del gobierno (en relación con el ejercicio de los derechos) sería la parálisis o la invalidez”
De acuerdo con lo anterior, los derechos negativos serían beneficios derivados de la acción del Estado. Por ejemplo, la propiedad privada, entendida no como un objeto o cosa sino que como una relación jurídica, es legalmente construida, “un conjunto de reglas de acceso y de exclusión creada por los poderes legislativo y judicial y dotada de protección judicial”. De acuerdo con esto, los derechos de propiedad sólo existirían y tienen sentido dentro de una sociedad dotada de un Estado de derecho. En ausencia de la fuerza orden ¿se respetaría la propiedad? En un mundo como el de “La Carretera” de Cormac McCarthy o “The Walking Dead”, ¿se respetaría lo mío y lo tuyo? Así, defender los derechos de propiedad y las libertades personales dependen también de la acción del Estado y, como tal, tienen un costo.
Así, los recursos público recaudados por medio de impuestos beneficiarían también a aquellos que tanto critican al Estado en nombre de la libertad y el resguardo de la propiedad. Los autores, de esta manera, creen haber desterrado el mito libertario de que un Estado mínimo ( y una sociedad anarcocapitalista) sería una condición indispensable para garantizar las libertades individuales. Todo lo contrario, se necesita de un Estado, pero no el Estado gendarme que describía Robert Nozick, sino que un Estado que vaya más allá de vigilar y hacer respetar los contratos, la libertad y la propiedad. Se necesita de un Estado de Bienestar que que pueda proveer derechos a sus habitantes y, para ello, se necesita dinero, en otras palabras, impuestos que son pagados por los ciudadanos. Los impuestos no serían un “robo” como declaran algunos libertarios y anarcocapitalistas, puesto que estarían plenamente justificados como un pago por vivir en sociedad.
Hay que señalar, tal como lo hace Juan F. González Bertomeu en el Prólogo al libro de Holmes y Sunstein, que esta idea de que los derechos dependen del Estado pueden significar dos cosas. (1) En primer lugar que los derechos legales pueden ser efectivamente gozados en la medida en que intervenga el Estado. (2) En segundo lugar (más cuestionable) es que los derechos “son” la intervención estatal. Como bien señala González, en la mayor parte de las constituciones en América Latina se reconoce el derecho a la igualdad, pero resulta que la región es una de las más desiguales. Por ejemplo en la Constitución Bolivariana de Venezuela tenemos el Capítulo V “De los Derechos Sociales y de las Familias”, el Capítulo VI “De los Derechos Culturales y Educativos”, Capítulo VII “De los Derechos Económicos”, Capítulo VIII “De los Derechos de los Pueblos Indígenas”, Capítulo XI “De los Derechos Ambientales”. Sabemos que hoy en día el Estado socialista no sólo NO está garantizando derechos básicos, sino que está haciendo todo lo contrario: ni seguridad, ni salud, ni alimentos, ni educación. Así puede suceder también que bajo el poder del Estado los derechos de las personas también desaparezcan y sean solamente letra muerta en alguna Constitución escrita.
Así las preguntas para reflexionar son:
-¿Puede existir la libertad, la propiedad privada y el bienestar sin el Estado?
-¿Solo el Estado puede garantizar las anteriores?
-¿Cómo asegurarnos de que el Estado garantice lo anterior? ¿Acaso los autores anteriormente mencionados no tienen en mente una imagen un tanto idealizada y benigna del Estado'?
Artículos complementarios donde se pueden ver algunas posturas contrarias a las de Holmes y Sunstein
Artículos complementarios
Friedrich Hayek, Propiedad Privada y Derecho (por Jan Doxrud)
Friedrich Hayek, Orden espontáneo, derecho y ley
Friedrich Hayek, Fatal Arrogancia